Violencia escolar expone vacío en protocolos de seguridad

El aumento de episodios de violencia en colegios expone la falta de protocolos específicos para enfrentar situaciones de alto riesgo.  

Por: Osvaldo González

Fotografía: Mineduc

Mientras aumentan los episodios de agresión en recintos educacionales, docentes advierten que muchos colegios en Chile no cuentan con protocolos concretos para enfrentar escenarios como ataques con arma blanca, amenazas de tiroteo o hechos violentos dentro de sus instalaciones.

Los recientes episodios de violencia registrados en establecimientos educacionales  -tales como el de Calama o las agresiones con arma blanca en el Liceo Esmeralda de Colina- han vuelto a tensionar el debate respecto de la capacidad real de respuesta de los colegios frente a situaciones de alto riesgo. Aunque la mayoría de los establecimientos dispone de reglamentos sobre convivencia escolar y protocolos generales de actuación ante conflictos, la preparación específica para enfrentar ataques graves continúa siendo una deuda pendiente.

Así lo plantea Ángela Moreno, magíster en Educación y docente de un establecimiento particular subvencionado, quien señala que, con base en su experiencia, no existen lineamientos claros para responder ante escenarios como apuñalamientos o amenazas de tiroteo dentro de los colegios. “Hay protocolos, efectivamente, respecto a la violencia escolar, respecto al ingreso de algunos artículos prohibidos”

La educadora sostiene que los protocolos actualmente vigentes suelen abordar conflictos de convivencia, violencia escolar o ingreso de objetos prohibidos, pero no contemplan procedimientos diferenciados para situaciones de violencia extrema. “Protocolos de qué hacer en situación de tiroteo, al menos en mi colegio, no existen (…) Y al no ser una realidad de nuestro país o de nuestro sistema educativo, dudo que haya colegios que contemplen protocolos para eso”.

La docente agrega que, si bien existen instancias de socialización de reglamentos internos, como manuales de convivencia o protocolos institucionales, estos no constituyen una capacitación especializada ni entregan herramientas concretas para actuar frente a hechos de alto riesgo, lo que deja a los equipos educativos en una situación de vulnerabilidad.

Asimismo, advierte que, aunque algunos establecimientos ubicados en sectores de mayor exposición a la violencia han comenzado a implementar medidas específicas frente a balaceras en el entorno, estas responden más a contextos particulares que a una política educativa generalizada. “No es una realidad instalada en el sistema educativo chileno, por lo que tampoco ha existido una preparación sistemática”, señala.

En paralelo, desde el ámbito de la salud mental, la psicóloga Belén Jirón Cid introduce una mirada complementaria al fenómeno, cuestionando la idea de que las nuevas generaciones sean inherentemente más violentas. Según explica, más que un aumento objetivo de la violencia, lo que existe es una mayor visibilización de estos hechos debido a la exposición constante a la tecnología y a los medios de comunicación.

“Hoy nos enteramos con mucha más facilidad de situaciones violentas que antes quedaban invisibilizadas. Eso no necesariamente significa que los jóvenes sean más violentos, sino que estamos más expuestos a esa información”, plantea.

No obstante, la especialista advierte que el contexto social actual sí incide directamente en las conductas. Desde su experiencia clínica y laboral en convivencia escolar, sostiene que la violencia observada en estudiantes muchas veces es reflejo de dinámicas sociales más amplias, marcadas por altos niveles de estrés, precariedad y dificultades en la salud mental.

“Estamos en una sociedad muy exigente, donde las personas viven bajo presión constante. Eso impacta en la forma en que se relacionan los adultos, y esos modelos de comunicación son los que finalmente aprenden los niños y jóvenes”, explica.

En esa línea, la psicóloga destaca que la normalización de conductas agresivas en distintos espacios, desde el transporte público hasta los servicios de salud, configura un entorno que favorece la reproducción de la violencia en contextos educativos. “Se está naturalizando una forma de vivir que es altamente estresante y agresiva, y eso es una señal de alerta preocupante”, agrega.

Ambas miradas coinciden en un punto clave: la escuela no es un espacio aislado, sino un reflejo de las tensiones sociales que atraviesan al país. En ese sentido, el desafío no solo radica en fortalecer los protocolos de seguridad, sino también en abordar de manera integral las condiciones sociales y emocionales que están a la base del fenómeno.

Mientras tanto, desde los propios establecimientos se reconoce que el tema ya está comenzando a instalarse en la agenda interna. Equipos directivos de distintas comunidades educativas han iniciado discusiones para desarrollar nuevos lineamientos de acción, aunque estos aún se encuentran en etapas iniciales y, en muchos casos, con un enfoque general más que específico.

La ausencia de protocolos claros frente a situaciones de violencia extrema abre así un debate complejo: cómo preparar a las comunidades educativas ante escenarios de riesgo sin desvirtuar el rol formativo de la escuela ni convertirla en un espacio de control excesivo. Una discusión que, lejos de resolverse, recién comienza a tomar forma en el sistema educativo chileno.