“Los cuerpos y las vidas de las personas LGBTIQ+ son negociables”: El silencioso bloqueo del Mineduc y el desmantelamiento de la inclusión en las aulas
Créditos imagen: Igualeschile
Por: Andrés Orozco
En un escenario marcado por el reciente rechazo del Gobierno a suscribir acuerdos internacionales sobre diversidad en la OEA, el Ministerio de Educación eliminó de forma expedita y silenciosa las orientaciones oficiales para la inclusión LGBTIQA+ de sus plataformas web. Mientras analistas advierten sobre un proyecto articulado para clausurar los debates progresistas y desafiar a la comunidad internacional, activistas y docentes denuncian que esta medida desmantela las herramientas pedagógicas y profundiza la vulnerabilidad, el acoso escolar y la deserción en una de las comunidades más marginadas del país.
Durante años, el Estado chileno albergó gratuitamente orientaciones técnicas para garantizar la protección de las diversidades sexuales en el sistema educativo. Hoy, ese portal oficial arroja un error de conexión, materializando un bloqueo que resuena profundamente en el actual clima político. La percepción de que el país retrocede en materia de derechos civiles cobra fuerza tras una reciente decisión del Ejecutivo en el ámbito diplomático: por primera vez en 15 años, el gobierno del presidente José Antonio Kast se abstuvo de suscribir la Declaración sobre los Derechos LGBTIQ+ en la Organización de Estados Americanos (OEA). A pesar de que la nación cuenta internamente con normativas vigentes como la Ley de Identidad de Género (N° 21.120), la Ley Antidiscriminación (N° 20.609) y la Ley de Matrimonio Igualitario (N° 21.400), el desmantelamiento de este soporte digital evidencia una fractura estructural profunda entre las leyes promulgadas y la voluntad administrativa actual.
Para el analista político Julián Avendaño creador de la página @ovejarojas en instagram, esta eliminación de contenidos no responde a un acto administrativo aislado, sino a una operación enmarcada dentro de un proyecto más amplio del oficialismo que busca la «restauración/recuperación de un orden que ellos entienden como perdido». Según el experto, existe una coordinación estructural, consolidada en instituciones y medios, cuyo objetivo de fondo es «clausurar lo que octubre de 2019 abrió». Avendaño advierte que la caída de estos documentos expone un profundo riesgo ético en la política exterior e interna. «Si Chile se acostumbra a derogar políticas relevantes para comunidades especificas y abstenerse en declaraciones clave, termina enviando un mensaje muy claro: los cuerpos y las vidas de las personas LGBTIQ+ son negociables» destaca Avendaño. Además, el analista subraya una paradoja inquietante: para la actual administración, las posibles condenas de organismos internacionales no necesariamente se interpretan como una derrota, sino que pueden ser capitalizadas para reafirmar su identidad política frente a la denominada «agenda 2030».
El vacío que deja este apagón digital impacta frontalmente en la convivencia escolar. Desde organizaciones de la sociedad civil, David Arboleda, presidente de la Red de Periodistas Migrantes de Chile, sostiene que este bloqueo representa «una cesión ante presiones de sectores conservadores y, simultáneamente, un incumplimiento de compromisos de Estado en derechos humanos». Sin estas directrices formales, «los/as docentes quedan expuestos/as a actuar según su criterio individual, sin respaldo institucional claro frente a posibles conflictos con apoderados, sostenedores o autoridades escolares». Arboleda enfatiza que, aunque la discriminación siga penada por leyes como la Zamudio, los recintos educacionales pierden la herramienta pedagógica que convertía esos principios en protocolos aplicables. Esta desprotección se agrava de manera crítica para «los estudiantes migrantes de la diversidad sexual, que enfrentan una doble vulnerabilidad».
En las trincheras del sistema educativo, el panorama descrito por sus protagonistas es desolador. Romma Reyes, estudiante y activista transgénero, vivió su propia transición durante la enseñanza media y reconoce de primera fuente la urgencia de estas directrices. «Si yo no hubiera tenido eso en la enseñanza media, a mí me hubieran cortado las alas», confiesa la estudiante, calificando como «lamentable» el bloqueo gubernamental que restringe el acceso a la información y afecta la salud mental de los menores trans.
El retiro de estas normativas tiene un costo real en una comunidad que ya enfrenta índices alarmantes de hostigamiento. Reyes recuerda que la calidad de vida de las personas trans a nivel mundial es sumamente reducida debido al impacto crónico de la marginación social. Eliminar estos protocolos oficiales significa dar «un paso a la deserción, a la discriminación, inclusive, la tasa de suicidio de la comunidad LGBT es bastante alta», asegura. Para la activista, la supresión de estos espacios de seguridad se traduce en un freno violento que termina por vulnerar «el libre desarrollo de las personas».
A pesar de la gravedad del retroceso institucional, la respuesta desde el mundo estudiantil choca con barreras demográficas severas. Reyes explica que, dentro de los recintos educacionales, la población transgénero es minoritaria, lo que dificulta la articulación de defensas robustas. «No hay muchas personas transgénero dentro de un establecimiento educacional, entonces, con mayor razón hay menos ojo hacia esas cosas», detalla. Esta característica de grupo minoritario provoca que, ante actos de censura institucional, «no todos sacan la voz» y el peso de las vocerías resulte insuficiente frente a otras demandas del movimiento estudiantil.
Frente al avance del cerco ideológico, el imperativo de la resistencia se vuelve vital. Como concluye David Arboleda, la estrategia de la sociedad civil y el activismo organizado debe centrarse en «exigir por vías formales la restitución inmediata de estos materiales», presentando evidencia técnica y testimonios reales. Es la única alternativa visible para evitar que la institucionalización de la censura estatal se naturalice, dejando en el más absoluto silencio a quienes más necesitan ser escuchados en las aulas del país.
