Frenada por falta de fondos: La encrucijada de la vacuna chilena contra el hantavirus y los límites de la inversión local
Por: Alonso Belmar Orellana.

Imagen: Getty Images
Pese a los exitosos resultados en modelos animales liderados por la Dra. María Inés Barría, el desarrollo de un tratamiento nacional para la cepa Andes se encuentra estancado ante la imposibilidad de financiar los 7 millones de dólares necesarios para iniciar la fase clínica en humanos, como conversó con BioBioChile. Académicas y expertas en gestión científica y salud pública advierten que el sistema local no contempla montos de esa envergadura para investigadores individuales, obligando a mirar hacia el financiamiento privado o extranjero, lo que perpetúa una peligrosa dependencia y complejos desafíos en la comunicación de riesgos sanitarios.
El «valle de la muerte» de la ciencia biomédica
Aunque la investigación en Chile ha demostrado históricamente estar a la vanguardia, hoy enfrenta un muro económico y regulatorio. El caso más crítico es el de la vacuna terapéutica contra el hantavirus (cepa Andes, única variante transmisible entre humanos). Este proyecto, encabezado desde 2014 por la Dra. Barría , licenciada en Ciencias Biológicas de la PUC, doctora en Microbiología de la U. de Chile y con postdoctorados en la U. de Pittsburgh e Icahn School of Medicine (EE. UU.). Tras desempeñarse como profesora en la U. de Concepción, actualmente es investigadora de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián (Sede De La Patagonia), desde donde lidera este desarrollo científico en colaboración con la academia y hospitales públicos. Su destacada trayectoria la llevó a ser seleccionada en el Programa Ciencia de Frontera (2019-2021) de la Academia Chilena de Ciencias y a desempeñarse, desde 2018, como Liaison Officer de Chile ante el Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB).
Su proyecto demostró un 100% de efectividad en ensayos preclínicos. Sin embargo, tras más de una década de trabajo, la iniciativa entró en un embudo. Dar el salto a las pruebas en seres humanos requiere producir dosis bajo estándares internacionales de manufactura (GMP), un proceso que cuesta al menos 7 millones de dólares; cifra inalcanzable bajo el actual esquema de financiamiento del país.
Al respecto, Annette Trombert, microbióloga y Directora de la Escuela de Biotecnología de la Universidad Mayor, explica que la institucionalidad simplemente no está diseñada para estos montos: «En Chile, el fondo con mayor aporte unitario son los basales para centros de investigación, que llegan a sobre mil doscientos millones de pesos por 5 años para agrupaciones de varios investigadores. No hay cifras cercanas a los 8 mil millones de pesos que es lo que se necesita en este caso por investigador individual», afirma Trombert.
Ante este adverso escenario, la especialista señala que la única vía es el respaldo farmacéutico. De hecho, recalca que los pasos previos de la Dra. Barría ya dependieron de este modelo en colaboración con la empresa Ichor Biologics y los NIH de EE. UU.
El impacto en la salud pública y el manejo del miedo
Según el Instituto de Salud Pública (ISP), el hantavirus mantuvo una tasa de letalidad promedio del 26% en el país durante los últimos años; sin embargo, en 2026 experimentó un preocupante repunte cercano al 34%. Esto convierte el freno biomédico en un problema crítico de seguridad sanitaria. Maritza Labraña, ex jefa de comunicaciones del Ministerio de Salud (2022-2026) y periodista especialista en Comunicación de Riesgos, explica que el desafío principal radica en trasladar la alerta desde el vector ambiental (el roedor) hacia el peligro de bioseguridad por la transmisión interhumana.
Labraña advierte que la falta de datos oportunos y el desfase en las respuestas estatales provocan que los medios adopten enfoques de «misterio médico» o analogías catastrofistas como el «COVID-26». Contar con un tratamiento de factura local, según la periodista, cambiaría radicalmente las reglas del juego:
«En la dimensión comunicacional y de manejo de la incertidumbre, permitiría mitigar el pánico. La información dejaría de centrarse exclusivamente en el aislamiento y la fatalidad. El contar con una respuesta terapéutica real permite desplazar el temor hacia una de acción y manejo clínico, reduciendo la especulación y el alarmismo en la opinión pública. Además, la existencia de una terapia local reforzaría la percepción de que el país no improvisa, sino que posee sistemas de reacción técnico-científicos avanzados», argumenta Labraña.
Un potencial histórico frenado por la regulación
Trombert recuerda que el país posee un sólido historial productivo: «Fabricábamos sueros y vacunas propias hasta inicios de este milenio (2002 – 2005) cuando dejamos de producirlas». Para la académica, el trabajo de la Dra. Barría forma parte de un polo de resistencia local frente a patógenos mortales.
La directora ilustra que este no es un esfuerzo aislado: «La Dra. Barría es uno de los ejemplos que se ha nombrado debido a los casos recientes de HANTA que afectaron a un crucero (considerando que en Chile y Argentina hay contagios todos los años), pero también está el Dr. Rojas de la UACh, líder de la primera plataforma latinoamericana de nanocuerpos de alpaca, investigando contra virus como el Nipah o el SARS-CoV-2. También se puede nombrar al Dr. Alexis Kalergis, con una vacuna contra el virus sincicial cuyas pruebas logró hacerlas en Europa».
El testimonio de las expertas confirma que la barrera de la ciencia en Chile no es la falta de rigor técnico, sino la ausencia de una estructura estatal capaz de absorber y potenciar los hallazgos de frontera. Mientras el sistema siga atrapado en la burocracia y en presupuestos que no cubren las fases clínicas, desarrollos vitales continuarán congelados en los laboratorios. Romper este ciclo exige ver la investigación como una urgencia de soberanía sanitaria: apoyar nuestras propias soluciones es la única herramienta real para desterrar el alarmismo y garantizar una defensa eficaz ante las amenazas epidemiológicas que, año a año, siguen cobrando vidas en los territorios más vulnerables del país.