Festivales de Santiago en parques: el costo ambiental y social del que pocos hablan
Los parques de la capital se han transformado en los nuevos recintos para eventos masivos. El daño al patrimonio verde y el ruido molesto abre debate sobre el costo real de privatizar el espacio público.
Por: Rafaella Ronconi
Fotografía: Rafaella Ronconi
Vasos plásticos, colillas de cigarro, botellas, envoltorios y restos de comida: es la consecuencia de un festival. En Chile, esta situación se repite cada vez con mayor frecuencia. Municipios, empresas privadas y organizadores de eventos han encontrado en los parques urbanos una solución logística conveniente y económica. Lo que fue un parque verde se convierte en un par de horas o días, en un vertedero.
Un parque urbano no es un terreno vacío en espera de uso. Es un ecosistema activo: regula la temperatura, absorbe contaminantes, alberga fauna y flora, y cumple una función social indispensable como espacio de recreación pública. Sin embargo, en la práctica, muchos de estos espacios han sido tratados como recintos multipropósito, disponibles para quien pague el arriendo.
La tendencia se ha acelerado. Festivales de música electrónica, ferias gastronómicas, fondas y conciertos masivos se instalan temporada tras temporada en parques que, durante esos días, dejan de ser parques para convertirse en recintos privados de acceso restringido o pagado. El suelo sufre la compactación del pisoteo de miles de personas. La maquinaria pesada destroza la capa vegetal. Los generadores eléctricos y el ruido ahuyentan la fauna. Y cuando el evento termina, el parque queda muy dañado.
Luis Hadad, concejal de Las Condes y uno de los principales referentes en la gestión del Parque Padre Hurtado, donde se realizan parte importante de estos festivales, asegura que la comuna ha tomado medidas para reducir la presión sobre el suelo: “han bajado gradualmente la cantidad de eventos para asegurar que haya espacio para recuperar los espacios. El foco en la recuperación no se ha perdido y se trabaja continuamente”. Sobre el destino del dinero recaudado, el concejal aclara que “el parque se autofinancia sin aportes municipales. Todo lo que recauda es para la misma operación de mantenimiento, incluida la biodiversidad”.
La declaración de Hadad deja al descubierto una paradoja que se repite en varios parques del país: el mismo evento que daña el ecosistema es el que financia su recuperación. Un círculo que obliga a los administradores a seguir arrendando, aunque eso signifique continuar dañando.
La comunidad que vive alrededor del parque paga los costos de esta situación sin recibir beneficio alguno. Durante los días de festival, los vecinos enfrentan ruido que supera los límites tolerables, tráfico colapsado, basura en las calles aledañas y la pérdida temporal de su espacio recreativo. Muchos de esos parques son el único sector verde de sus barrios.
La compensación que reciben es, en la mayoría de los casos, ninguna. Las municipalidades argumentan que el parque permanece abierto durante el evento, lo que técnicamente puede ser cierto, pero omiten que sectores completos quedan cercados, que los accesos se restringen y que el ambiente de festival es incompatible con el uso cotidiano que le dan familias, adultos mayores y niños.
Carlos Cruz-Coke, concejal de Vitacura a cargo de la gestión del Parque Bicentenario, revela que tras cada evento se realiza una inspección exhaustiva del estado en que queda el espacio. “Más que boletas de garantía en cada contrato, se establece un monto de dinero para mejorar el parque”, explica el concejal. “Muchas veces luego de la actividad se hace un catastro para saber el estado en que quedó, y algunas veces hemos tenido que solicitar a las empresas que cumplan con los arreglos pertinentes, como empastar espacios muy deteriorados”.
La pregunta que pocas autoridades se atreven a formular en voz alta es si los parques urbanos deberían estar disponibles para este tipo de uso en absoluto. No se trata de prohibir la cultura ni los encuentros masivos, sino de discutir con honestidad si un ecosistema urbano, cuya función principal es ambiental y social, es el lugar adecuado para instalar un festival comercial.
Otros países han tomado caminos distintos. En los Países Bajos, el DGTL Festival opera en un recinto industrial reconvertido. En Noruega, el Øyafestivalen usa un parque de Oslo, pero bajo protocolos de certificación internacional que obligan a medir y reparar cada impacto. Lo que los distingue no es solo dónde se instalan, sino que existe regulación real y rendición de cuentas. En Chile, en cambio, la lógica sigue siendo la del menor costo para el organizador y el mayor costo para el parque.
