El costo de la austeridad: El gobierno de Kast recorta fondos policiales en plena crisis de dotación de Carabineros
Pese a sus promesas en materia de seguridad, el gobierno del presidente José Antonio Kast enfrenta actualmente una crisis de credibilidad en Chile tras aplicar un recorte presupuestario que agrava el déficit de 12.000 carabineros. Este ajuste fiscal, defendido por el Ejecutivo como una medida de eficiencia, ha dejado a las comunas más vulnerables con una crítica escasez de patrullas y tiempos de respuesta extendidos, precarizando la labor policial y cediendo terreno al crimen organizado.
Fuente: Fotografía oficial de carabineros
Pese a su promesa de mejorar la seguridad, el gobierno del presidente José Antonio Kast enfrenta una crisis de credibilidad tras aplicar un recorte presupuestario que agrava el déficit de 12.000 carabineros. En las comunas más vulnerables, la falta de patrullas está cediendo el control territorial al crimen organizado.
La promesa de «mano dura» parece estar chocando con la calculadora fiscal de Hacienda. Mientras el Ejecutivo defiende el ajuste como una medida de «eficiencia», en las calles la realidad es otra: la falta de recursos motorizados y de personal ha obligado a la institución a improvisar métodos de vigilancia que rozan la precariedad.
Según testimonios internos de Carabineros, la saturación del sistema es una realidad transversal que el discurso oficial intenta matizar. “No solamente en determinadas comunas, sino en la mayoría de las comunas urbanas, se extiende el tiempo de respuesta a raíz de la gran cantidad de procedimientos”, admite un funcionario de una unidad especializada bajo reserva de identidad. Esta demora que en barrios vulnerables puede significar la diferencia entre la vida y la muerte ha forzado la realización de patrullajes de emergencia mediante “infantería, bicicletas e incluso transporte público, de ser necesario”, ante la imposibilidad de cubrir el territorio con los medios motorizados adecuados.
Esta crisis de recursos cobra un rostro dramático en sectores como Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto. Al respecto, la concejala Pola Montoya denuncia que la falta de dotación operativa es crítica y que los tiempos de respuesta son «bastante altos». Según la autoridad local, la escasez de personal se agudiza por una cuestionable priorización de recursos desde el nivel central.
“Vienen y nos sacan a los mayores de nuestras comisarías de los sectores más conflictivos y se llevan a la unidad completa…Nos dejan la comisaría con puras personas administrativas y nadie puede salir a los procedimientos por delitos de alta connotación”, menciona la concejala. Montoya ejemplifica esto con casos donde el personal de unidades locales es derivado a eventos externos, específicamente partidos de fútbol en otras comunas, lo que deja al territorio en una situación de vulnerabilidad.
A la falta de efectivos en las calles se suma un muro de opacidad administrativa. Al intentar fiscalizar la cantidad exacta de carabineros destinados a labores preventivas frente a los cargos administrativos, Montoya señala que la respuesta del Estado ha sido el silencio. “Por transparencia me responden que eso es materia de seguridad del Estado; por lo tanto, no me pueden entregar esa información”, afirma, evidenciando la dificultad de los gobiernos locales para gestionar la crisis sin datos claros.
A pesar de que el Gobierno ha intentado mitigar el malestar con anuncios de incentivos económicos trimestrales para el personal, la realidad descrita por autoridades comunales y funcionarios sugiere que el problema es estructural. Mientras los delitos de alta connotación, como el robo de vehículos motorizados, aumentan en las zonas periféricas, el déficit de 12.000 efectivos parece estar convirtiéndose en el talón de Aquiles de la agenda de seguridad de La Moneda.
