Comité contra la Desinformación y el desafío de proteger la veracidad informativa
Por: Sofía De Ferrari
El recién creado Comité Asesor contra la Desinformación, es un esfuerzo del Gobierno por combatir la propagación de noticias falsas. Conformada por expertos de diversos sectores, su tarea será la de asesorar al Ministerio de Ciencia y a la Secretaría General de Gobierno (Segegob) en materia de desinformación y políticas públicas relacionadas. Está integrado por nueve miembros e incluye a representantes de universidades estatales y privadas, instituciones, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, sociedad civil y una organización de verificación de datos.
¿Cómo impacta la desinformación en la calidad de la democracia? ¿Cómo se impulsa la alfabetización digital? ¿Cómo se aborda la desinformación en plataformas digitales y se promueven buenas prácticas digitales? ¿Qué políticas públicas resultan efectivas? Son algunas de las preguntas que abordará la instancia.
Conscientes de que la desinformación puede ser una poderosa herramienta para manipular opiniones y distorsionar la realidad, el comité se ha propuesto generar un diálogo académico, jurídico y político para enfrentar este desafío de manera efectiva y protegiendo siempre la libertad de expresión.
Sin embargo, la creación del Comité contra la Desinformación no ha estado exenta de críticas y controversias. Sectores políticos y académicos han expresado su preocupación ante la posibilidad de que esta iniciativa pueda derivar en una forma de censura o en la imposición de una verdad oficial. La Sociedad Interamericana de Prensa ha manifestado su inquietud respecto a la participación directa del gobierno en el análisis de información y expresión, advirtiendo sobre los posibles riesgos para las libertades de prensa y expresión.
Asimismo, parlamentarios de oposición han cuestionado duramente la propuesta, argumentando que se corre el peligro de limitar la libertad de expresión y de establecer mecanismos de control sobre los medios. Estas críticas ponen de manifiesto la importancia de encontrar un equilibrio entre el combate a la desinformación y el respeto a los derechos fundamentales en un contexto democrático.
Además, diversas voces han expresado preocupación sobre la posibilidad de que esta iniciativa pueda derivar en censura o en la imposición de una verdad oficial. En este sentido, Daniela Moraga, licenciada en Comunicación Social y periodista de la Universidad Bernardo O’Higgins -quien se ha especializado en combatir las fake news- destaca la importancia de diferenciar entre la libertad de expresión y el uso de información falsa.
“Hay que dejar en claro que la libertad de expresión no tiene nada que ver con el uso de información falsa. Puedes opinar desde la arista que sea, obviamente, usando información real. Las redes sociales han provocado que pasemos de ser simples receptores de información a ser intérpretes que pueden difundir un comentario o discurso. Al difundir un discurso o comentario con información errónea, estaremos creando un ciclo vicioso de desinformación», sostiene Moraga. Esta perspectiva resalta la importancia de promover el uso responsable de la información y de abordar el fenómeno de la desinformación desde una perspectiva que garantice la veracidad de los contenidos.
Gabriela Lucero Ruz, coordinadora general de la Red de Periodistas Feministas, destaca la importancia de abordar la desinformación desde una perspectiva de género y derechos humanos: «Nos preocupan los relatos que se instalan como verdades únicas, noticias y contenidos con fórmulas estereotipadas de las mujeres y disidencias; se impulsan campañas digitales y no digitales que carecen de un enfoque en derechos humanos y los medios de comunicación siguen perpetuando la violencia, en particular con los grupos de especial protección (mujeres, migrantes, diversidades sexo genéricas, entre otras) y, por último, se comunica sesgadamente».
«Desde nuestra particular experiencia y recogiendo nuestras alianzas con otras redes de periodistas (…), hay muchos documentos y experiencias a compartir, sobre todo en el campo de la violencia digital de género, que sabemos afecta la buena gobernanza democrática, tanto para el ejercicio del periodismo como para las mujeres y defensoras de derechos humanos», agrega la periodista.
Por último, Lucero enfatiza la importancia de la participación de la sociedad civil en el Comité Asesor: «Confiamos que se tendrá una perspectiva de género y de derechos humanos en el rol que les compete en dicha instancia y también consideramos que el rol y participación de la sociedad civil en este espacio será clave».
