Caso de menores haitianos reabre debate por fallas en el sistema migratorio y responsabilidades institucionales
Los 64 menores haitianos que inicialmente fueron reportados como inubicables ya fueron localizados por la Policía de Investigaciones (PDI). Sin embargo, el caso derivó en una investigación del Ministerio Público y en la creación de una Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de que la Contraloría General de la República detectara irregularidades en los procesos de reunificación familiar, debilidades en los controles migratorios y deficiencias en la coordinación entre organismos públicos.
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La investigación puso bajo la lupa la gestión del Servicio Nacional de Migraciones durante el período en que se flexibilizaron los requisitos para el ingreso de ciudadanos haitianos mediante procesos de reunificación familiar. En ese contexto, se cuestionan los mecanismos de control aplicados y el seguimiento realizado a los menores una vez que ingresaron al país.
Los antecedentes cobraron fuerza luego de que la Contraloría General de la República detectara deficiencias en la coordinación entre el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones y la Subsecretaría de la Niñez, además de inconsistencias en los registros, debilidades en los controles migratorios y falencias en el seguimiento de menores que ingresaron mediante reunificación familiar. Debido a estos hallazgos, el organismo remitió los antecedentes al Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades administrativas y penales.
En paralelo, municipios de la Región Metropolitana realizaron operativos para verificar la situación de los menores incluidos en los distintos registros oficiales. En Estación Central, el alcalde Felipe Muñoz (independiente, apoyado por el Frente Amplio) explicó que el trabajo se centró en depurar información desactualizada para facilitar su ubicación. “Esa base de datos tiene niños que ya no son niños, direcciones que no existen o números que no corresponden, lo que nos ha obligado a limpiar la información para poder entregar datos más precisos”, señaló. Gracias a ese proceso, indicó que lograron ubicar a parte de los menores en condiciones regulares. “Hemos encontrado casos donde los niños están escolarizados y viven con sus padres, lo que para nosotros es relevante para despejar la información”, afirmó. Posteriormente, la PDI confirmó que los 64 menores fueron ubicados y que no existían antecedentes que acreditaran su desaparición.
El caso también escaló al plano político. El diputado Hans Marowski (Partido Nacional Libertario) sostuvo que es indispensable esclarecer las posibles fallas en los controles migratorios y determinar si existieron redes delictuales involucradas. En ese contexto, advirtió que “estos hechos deben aclararse ante el riesgo de que menores hayan quedado expuestos a redes de tráfico de personas, explotación sexual o crimen organizado”. A estas acciones se sumó el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien solicitó ampliar el trabajo de la Comisión Especial Investigadora al segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Según afirmó, durante esa administración “se firmó un protocolo para liberar de pago las visas para menores de edad que venían de Haití”, por lo que, a su juicio, también corresponde revisar las decisiones adoptadas en ese período respecto de los procesos de reunificación familiar.
En ese contexto, el pasado 17 de junio, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la creación de una Comisión Especial Investigadora para reunir antecedentes sobre eventuales actos del Gobierno relacionados con el ingreso de menores haitianos al país, el control migratorio y los procesos de reunificación familiar. La instancia buscará establecer posibles responsabilidades administrativas y políticas, evaluar el actuar de los organismos involucrados y proponer medidas para fortalecer los mecanismos de control y protección de niños, niñas y adolescentes migrantes. El informe deberá ser presentado en un plazo máximo de 60 días.
Entre los antecedentes que revisa el Ministerio Público figura el Memorándum N.° 1886/2024, firmado el 13 de mayo de 2024 por el entonces director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer. El documento flexibilizó la presentación de antecedentes para ciudadanos haitianos en procesos de reunificación familiar, lo que abrió cuestionamientos sobre los mecanismos de control migratorio. Paralelamente, la Fiscalía mantiene diligencias para determinar si las irregularidades detectadas corresponden únicamente a deficiencias administrativas o si existen antecedentes que permitan establecer eventuales responsabilidades penales.
Aunque la PDI confirmó que los 64 menores fueron ubicados y se encontraban junto a sus familias, la polémica dejó al descubierto falencias en el sistema de reunificación familiar y en la coordinación entre los organismos encargados del control migratorio. Más allá del paradero de los niños, hoy el foco de la investigación está puesto en determinar las responsabilidades institucionales y en definir medidas que permitan reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes migrantes, evitando que situaciones similares vuelvan a repetirse.
