¿Tarjeta roja a los deudores? El debate sobre restringir el ingreso a los estadios en Chile
Por: Alonso Belmar Orellana
Foto: Alonso Belmar Orellana
El anuncio en Argentina, que impide el ingreso de deudores de pensiones alimenticias a los estadios de cara al Mundial 2026, ha instalado una interrogante en el ámbito local: ¿Es posible y deseable replicar esta medida en el Campeonato Nacional chileno? Con el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos consolidado en nuestro país, la idea de utilizar el fútbol —la actividad recreativa más masiva— como una herramienta de presión social cobra cada vez más fuerza.
La voz de la tribuna: El respaldo desde la perspectiva social
Para muchos hinchas, la propuesta no se interpreta como una restricción arbitraria, sino como una medida de justicia necesaria. Carla Agurto, hincha de Universidad de Chile, sostiene que esta medida ayuda a visibilizar una realidad muchas veces ignorada.
«No lo veo como una medida extrema, sino como una forma de reforzar que el bienestar de los hijos no debe quedar en un segundo plano» señala Agurto. La hincha enfatiza que el derecho al ocio no puede estar por encima de la responsabilidad parental: «Todos tenemos derechos, pero cuando hay niños involucrados, las responsabilidades deben ser prioritarias. Si esto sirve para visibilizar el problema, generar conciencia y aumentar el cumplimiento de las pensiones, es un paso adelante».
El análisis jurídico: Entre la viabilidad y la constitucionalidad
Desde la perspectiva legal, la implementación de un filtro en los sistemas de control de acceso a los estadios —similar al programa argentino «Tribuna Segura»— presenta desafíos técnicos y jurídicos complejos.
El abogado José Orozco analiza la propuesta bajo la óptica de la violencia económica y la normativa vigente. «Visto como una herramienta contra la violencia económica, incorporar el incumplimiento de la pensión al control de acceso lo veo viable en principio», explica el jurista. Sin embargo, advierte que el camino no está exento de obstáculos.
«Puede eventualmente chocar con ciertos derechos constitucionales. Habría que hacer un examen más exhaustivo para analizar si la norma vulnera garantías individuales o contraviene tratados internacionales» puntualiza Orozco, sugiriendo que, aunque el objetivo es legítimo, la implementación requiere de una estructura jurídica rigurosa para evitar recursos de protección que puedan revertir la medida.
¿El futuro de la gestión de eventos masivos?
Actualmente, la gestión de la seguridad y el control de acceso en los recintos deportivos ha dejado atrás la antigua estructura del programa «Estadio Seguro», centralizándose hoy a través de la División de Seguridad de Eventos Masivos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Integrar el Registro Nacional de Deudores en este sistema implicaría un cambio de paradigma: utilizar las bases de datos estatales para condicionar el derecho de admisión a quienes no cumplen con sus deberes de cuidado.
