Las protestas estudiantiles reabre el debate sobre la actuación de Carabineros

La marcha estudiantil realizada en Santiago durante junio de este año volvió a instalar el debate sobre el uso de la fuerza por parte de Carabineros en manifestaciones sociales.

Viernes 10 de julio, 2026 | Por: Tonka Jamet

Fotografía: Aton, Radio de la Universidad de Chile

Miles de estudiantes se congregaron en las calles de Santiago para manifestarse en defensa de la educación pública y expresar su rechazo a diversas medidas impulsadas por el Gobierno. Sin embargo, lo que comenzó como una movilización social terminó marcado por enfrentamientos, personas heridas, decenas de detenidos y denuncias por uso excesivo de la fuerza contra Carabineros. La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) y el Colegio de Periodistas de Chile denunciaron que durante la jornada se registraron agresiones y detenciones que afectaron tanto a manifestantes como a periodistas, fotógrafos y comunicadores que realizaban labores informativas, señalando que estos hechos vulneran el derecho a informar y a la libertad de prensa.

La movilización convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) reunió a miles de personas en el centro de Santiago. El recorrido original de la marcha fue modificado por las autoridades, situación que ya había generado tensión entre los organizadores y el Gobierno antes del inicio de la manifestación. Cuando la marcha avanzaba por la Alameda, Carabineros intervino utilizando el carro lanzaagua y lanzagases para dispersar a los manifestantes, provocando momentos de caos.

De acuerdo con el balance entregado por la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, la jornada concluyó con decenas de personas detenidas, además de civiles lesionados. Por su parte, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) sostuvo que el actuar policial fue desproporcionado y denunció que efectivos de Carabineros interrumpieron el desarrollo normal de la movilización, impidiendo el avance de la marcha y generando enfrentamientos que terminaron escalando en violencia.

Respecto a las demandas estudiantiles, la alcaldesa de Quinta Normal y exdirigenta estudiantil de la Revolución Pingüina de 2006, Karina Delfino, señaló que “las movilizaciones pacíficas son una herramienta legítima para expresar las necesidades de la comunidad educativa”. La autoridad sostuvo que actualmente existen importantes desafíos en materia de infraestructura, convivencia escolar y financiamiento, afirmando que muchas de las problemáticas que motivaron las movilizaciones estudiantiles hace dos décadas continúan presentes. En ese sentido, destacó que las demandas relacionadas con el estado de los establecimientos educacionales siguen siendo una preocupación vigente y que, a su juicio, la educación pública requiere un fortalecimiento mediante mayores recursos y no recortes presupuestarios.

Uno de los episodios que más repercusión generó fue el caso de una estudiante que resultó gravemente herida durante la jornada. Las imágenes de la joven con el rostro ensangrentado mientras era retenida por funcionarios policiales circularon ampliamente en medios nacionales e internacionales, reabriendo el debate sobre los protocolos de control del orden público y el respeto a los derechos fundamentales durante las manifestaciones.

Pero las denuncias no se limitaron a los participantes de la marcha. Diversas organizaciones vinculadas a la libertad de prensa acusaron que periodistas, reporteros y comunicadores también fueron objeto de agresiones por parte de efectivos policiales. El Observatorio del Derecho a la Comunicación denunció que al menos nueve trabajadores de prensa fueron afectados durante las protestas.

Entre quienes estuvieron presentes cubriendo la movilización se encontraba Nicolás Valdés Santander, fotógrafo y periodista del medio Red de Noticias, quien aseguró que lo ocurrido durante la jornada responde a una situación que se ha repetido por años en distintas manifestaciones sociales. “Lo ocurrido en la marcha de la Confech, si bien fue grave, es algo que vienen haciendo hace tiempo. No existe un respeto desde los pacos hacia la prensa independiente”, afirmó el profesional, quien además señaló que el trato hacia periodistas, fotógrafos y camarógrafos se ha vuelto cada vez más agresivo con el paso de los años. Según relató, actualmente son frecuentes las agresiones mediante gases lacrimógenos y gas pimienta, así como las detenciones de comunicadores y los daños a equipos de trabajo mientras realizan coberturas en terreno.

Estos hechos generaron preocupación debido a que los periodistas cumplen una función esencial en contextos de movilización social: registrar, documentar e informar lo que ocurre en el espacio público. Organismos nacionales e internacionales han señalado reiteradamente que el trabajo periodístico debe ser protegido, especialmente durante protestas y manifestaciones, ya que constituye una garantía para la transparencia y el acceso ciudadano a la información.

La situación también despertó recuerdos de episodios ocurridos durante el estallido social de 2019, cuando diversos reporteros, fotógrafos y camarógrafos denunciaron haber sido agredidos mientras cubrían las manifestaciones. En aquella ocasión se registraron casos de comunicadores heridos por perdigones, golpes y otras acciones policiales, instalando una discusión que sigue vigente respecto a la protección de la prensa en contextos de conflicto social.

Para numerosos dirigentes estudiantiles, lo ocurrido en 2026 no representa un hecho aislado, sino la continuidad de una práctica que se ha repetido durante años en Chile. Desde movilizaciones estudiantiles y marchas feministas hasta protestas laborales y manifestaciones sociales de distinta índole, las denuncias por uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros han sido recurrentes. Cada nueva protesta vuelve a poner sobre la mesa preguntas sobre los límites de la actuación policial, la proporcionalidad en el uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos.

Valdés también sostuvo que las demandas levantadas por los estudiantes son legítimas y responden a problemáticas que se arrastran desde hace décadas. A su juicio, la labor de los medios independientes resulta fundamental para visibilizar tanto las peticiones de los manifestantes como la respuesta de las instituciones del Estado frente a ellas. Asimismo, enfatizó que el periodismo tiene la responsabilidad de mostrar lo que ocurre en las calles sin criminalizar la protesta social y resguardar el derecho de la ciudadanía a mantenerse informada.

Por su parte, las autoridades han defendido el actuar policial argumentando la necesidad de mantener el orden público y responder a hechos de violencia ocurridos durante algunas manifestaciones. Sin embargo, las críticas provenientes de organizaciones estudiantiles, observadores de derechos humanos y agrupaciones de periodistas continúan creciendo cada vez que se registran nuevos incidentes.

La marcha convocada por la Confech, deja una discusión abierta que trasciende las demandas educacionales. Más allá de las razones que motivaron la movilización, el foco vuelve a situarse en la manera en que el Estado responde frente a la protesta social y en las garantías que deben existir para que estudiantes, observadores y trabajadores de la prensa puedan ejercer sus derechos sin temor a ser reprimidos. Mientras las investigaciones y denuncias avanzan, el debate sobre la actuación de Carabineros en las calles continúa siendo una de las principales controversias de la agenda pública chilena.