Embargos por deuda CAE desatan polémica tras retiro de fondos desde cuentas bancarias de morosos.
La retención de fondos desde cuentas bancarias de personas con deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) ha generado preocupación entre los afectados y críticas hacia el Gobierno. La medida, ejecutada en el marco de procesos de cobranza judicial, reabrió el debate sobre los mecanismos utilizados para recuperar la deuda estudiantil y el impacto que estas acciones tienen en la situación económica de miles de exestudiantes.
Por Jesús Primera
La decisión de la Tesorería General de la República de retener dinero desde cuentas bancarias de deudores del CAE provocó una ola de cuestionamientos desde la oposición y organizaciones de afectados. Afectados exigen explicaciones sobre los criterios utilizados en los cobros, mientras el Gobierno defiende la medida argumentando que busca recuperar recursos fiscales y fomentar la regularización de las deudas estudiantiles. Según cifras de la Tesorería General de la República, publicadas por Diario Financiero, actualmente más de 550 mil personas mantienen deudas en mora por el Crédito con Aval del Estado, acumulando obligaciones que superan los $4 billones, recursos que el Estado ha debido asumir en su calidad de aval del sistema.
Entre las voces críticas se encuentra Diego Martínez, abogado y especialista en materias relacionadas con el Crédito con Aval del Estado, quien cuestionó que el debate se centre únicamente en la recuperación de recursos públicos: “Entonces creo que mirarlo desde una perspectiva de recuperación de recursos públicos es erróneo, porque estamos aceptando algo que va antes que eso, que es que la educación tenemos que mirarla como un derecho. Entonces para muchos el CAE fue el acceso a la educación superior. Claro que uno no puede eludirse de esta responsabilidad, pero también hay que mirar lo principal, pues la mayoría que firmó esto teníamos 18 años”.
La polémica por los embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado también fue abordada por Sergio Bitar, exministro de Educación durante el gobierno de Ricardo Lagos y una de las figuras con mayor trayectoria en materia de políticas públicas y educación superior en Chile. Bitar analizó la necesidad de garantizar el financiamiento del sistema estudiantil, aunque manifestó que: “El crédito contraído por profesionales que egresaron y tienen una renta, debe pagarse, pues esos recursos financian nuevos créditos y también la gratuidad y, por lo tanto, el fisco tiene que percibir esos ingresos”.
Asimismo, Bitar atribuyó parte del aumento de la morosidad a los debates políticos que durante años se instalaron en torno a una eventual condonación total del CAE, señalando que aquello generó incentivos equivocados entre algunos deudores. “Muchas personas se han aprovechado de la política y no han pagado. Los llamados a una condonación total indiscriminada, promovidos por el Frente Amplio en sus inicios, provocaron un aumento de la morosidad, eso tiene que corregirse. No es justo que unos tengan la ventaja de no pagar, mientras una madre pobre, que tiene una casa y vive sola con sus hijos, tiene que pagar el dividendo obligadamente”.
De acuerdo con información de la Tesorería General de la República, difundida por Emol, desde el inicio del proceso de cobranza miles de personas han regularizado su situación mediante convenios de pago. El organismo sostiene que los embargos se aplican únicamente a deudores que mantienen obligaciones exigibles y que no regularizaron su situación tras las instancias de notificación contempladas por la ley.
Las declaraciones reflejan las dos visiones que hoy marcan el debate sobre el futuro del CAE. Mientras sectores críticos cuestionan la legitimidad de las medidas de cobranza y apuntan a las falencias estructurales del sistema de financiamiento estudiantil, otros sostienen que el cumplimiento de las obligaciones adquiridas es fundamental para garantizar la sostenibilidad de las ayudas estatales y evitar que el costo recaiga sobre el conjunto de los contribuyentes. En paralelo, el Gobierno impulsa un proyecto para reemplazar el actual Crédito con Aval del Estado por un nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES), iniciativa que aún se encuentra en discusión en el Congreso y que busca poner fin al modelo de endeudamiento estudiantil.
Como conclusión, la controversia por los embargos del CAE vuelve a instalar el debate sobre el equilibrio entre la responsabilidad de pago de quienes accedieron al crédito y el rol del Estado en garantizar el derecho a la educación. Mientras algunos defienden los mecanismos de cobranza como una herramienta necesaria para recuperar recursos públicos, otros advierten que el problema de fondo radica en un modelo de financiamiento que ha endeudado a generaciones de estudiantes y que aún busca una solución definitiva. Según datos de la Tesorería General de la República publicados por Diario Financiero, la deuda morosa del CAE supera los $4 billones, cifra que evidencia la magnitud del desafío financiero que enfrenta el Estado y que mantiene abierto el debate sobre la reforma al sistema de financiamiento de la educación superior.
