LA LEY 20.000 PONE EN RIESGO A PACIENTES CON AUTOCULTIVO MEDICINAL DE CANNABIS
Aunque el reconocimiento y despenalización del autocultivo de cannabis para propósitos médicos en 2023 por parte de la legislación chilena, la reciente modificación de 2026 a la Ley 20.000 ha despertado preocupación entre las asociaciones de pacientes.
Por: Antonella Donoso
Las recientes modificaciones a la Ley 20.000, aprobadas por el Congreso el 23 de marzo de 2026 y concebidas originalmente para incrementar las sanciones contra el tráfico de sustancias peligrosas y perseguir el comercio digital, están generando un efecto adverso e imprevisto que afecta a usuarios con fines medicinales. El nuevo criterio que introduce la reforma no solo considera la cantidad incautada, sino también el “daño potencial” de la sustancia, lo que abre la puerta a que el cannabis sea castigado con las mismas penas que las drogas de diseño.
A raíz del incremento generalizado de las sanciones para las denominadas pequeñas cantidades, estipuladas en el artículo 4° de la normativa, los usuarios de cannabis medicinal han expresado su preocupación por encontrarse desprotegidos ante el sistema judicial. Esto ha provocado una creciente incertidumbre operativa, además de allanamientos policiales injustificados en domicilios y un vacío reglamentario que compromete la continuidad de sus tratamientos de salud.
Ante este panorama, los activistas y líderes comunitarios de la zona han señalado que los próximos seis meses serán determinantes para el futuro de la política de drogas en el país. En ese período, las instituciones del gobierno deberán fijar los reglamentos de aplicación técnica de la reforma, lo que definirá si el Estado chileno opta por crear protocolos que protejan efectivamente los derechos de los consumidores de salud, o si, en cambio, se profundiza la persecución penal de los pequeños cultivadores.
Para las organizaciones sociales y cannábicas de la Región de Valparaíso, la falta de criterios claros por parte de las fuerzas de orden público genera un peligroso efecto inhibidor. Durante el año 2024, 759 personas fueron imputadas específicamente por cultivo de cannabis, según datos de Radio Universidad de Chile, y según organizaciones de pacientes con experiencia en casos judicializados, las categorías de tráfico y microtráfico suelen ser utilizadas por el Ministerio Público para formalizar injustamente a usuarios que portan o cultivan para uso personal o medicinal. El miedo a una investigación invasiva, a que la policía ingrese a sus hogares o a enfrentar un largo proceso judicial está empujando a decenas de pacientes crónicos a abandonar sus tratamientos médicos por completo, deteriorando gravemente su salud física y mental.
«Al endurecer de forma genérica las penas aplicables a pequeñas cantidades en el artículo 4°, los pacientes cannábicos se enfrentan a un vacío operativo alarmante y quedan en situación de vulnerabilidad ante allanamientos. Existe el riesgo real de que el miedo a la persecución penal lleve a muchos usuarios a abandonar sus tratamientos médicos, afectando directamente su salud física y mental. Hay una inconsistencia insalvable dentro del propio Estado. Los próximos seis meses serán claves: ahí se definirá el reglamento que puede cambiar completamente cómo se persigue el cannabis en Chile”, afirma Viviana Rodríguez, presidenta de Cannábicos V, organización de la Región de Valparaíso que agrupa a pacientes de cannabis medicinal y que promueve el autocultivo como alternativa terapéutica.
Desde una perspectiva legal y de seguridad pública, la reforma también genera interrogantes sobre cómo operarán en la práctica las fuerzas policiales. La normativa vigente mantiene como ilícito el comercio de pequeñas cantidades, incluso cuando el imputado alega fines medicinales, trasladando la carga de la prueba hacia el Ministerio Público y los tribunales de garantía.
«En el caso del narcotráfico, siempre es importante apuntar a la cabeza de los carteles para desarticular las cadenas de distribución hacia los pequeños expendedores. Cuando las penas son proporcionales al delito cometido, siempre van a ser positivas, porque la pena persigue restablecer el orden social. Aun cuando se trate de pequeñas cantidades, lo que se comercializa sigue siendo un delito, y eso es importante tenerlo claro. De hecho, en la práctica, las investigaciones apuntan siempre al gran narcotraficante y no a los pequeños, porque eso significa un desgaste muy importante para la policía. En cuanto a la no criminalización, ocurre de hecho: aunque la policía detenga a una persona por pequeñas cantidades, es el fiscal y el juez de garantía quienes acrediten si el consumo es lícito o no. La policía sólo actúa en primera instancia y pone a disposición del Ministerio Público a las personas detenidas”,comenta Pedro Valdivia, experto en seguridad.
En tanto, las organizaciones de pacientes hacen un llamado urgente al Poder Ejecutivo para que los reglamentos que se definan en los próximos meses incluyan protocolos explícitos que diferencien a los cultivadores medicinales de los traficantes. Sin esa distinción, advierten, la reforma podría convertirse en un retroceso para miles de chilenos que hoy dependen del cannabis para tratar enfermedades crónicas, neurológicas y de salud mental. El debate legislativo sobre cannabis medicinal y autocultivo sigue abierto en Chile, mientras los reglamentos no estén definidos, los pacientes permanecen en una zona gris que los expone tanto a riesgos judiciales como sanitarios, en una contradicción que el propio Estado aún no ha sabido resolver.
