Académica boliviana ante plan para desestabilizar a México y Colombia: “El Hondurasgate es el manual del Plan Cóndor 2.0”

Por: Andrés Orozco

Foto cortesía: Extra Querétaro

Filtraciones de audios revelan una presunta operación orquestada por el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, con el supuesto respaldo de EE.UU. e Israel, para atacar a gobiernos progresistas. Expertos advierten que estamos presenciando un «Plan Cóndor 2.0» operando en tiempo real. 

El denominado Hondurasgate es una investigación periodística publicada a finales de abril y principios de mayo de 2026, que revela una supuesta trama internacional de injerencia. El objetivo de esta red sería doble: devolver al poder al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández —condenado en 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos— y desestabilizar a los actuales gobiernos progresistas de América Latina. 

La investigación se basa en filtraciones de grabaciones presuntamente realizadas entre enero y abril de 2026. En ellas, se escucharía a Hernández junto a otros políticos y militares hondureños planeando acciones coordinadas con el respaldo de actores y gobiernos extranjeros.

Según el contenido de las grabaciones, el presidente de EE. UU., Donald Trump, habría indultado a Hernández a finales de 2025 como parte de un acuerdo político de alto nivel. En los audios, la voz atribuida a Hernández afirma que el financiamiento para asegurar su liberación provino de una junta de rabinos y grupos de presión pro-Israel, señalando directamente la influencia del primer ministro Benjamín Netanyahu. 

La trama operativa incluiría la creación de una sofisticada red de bulos y fake news —una «unidad de periodismo digital», según los audios— financiada desde el exterior. Esta red tendría el propósito específico de golpear a los gobiernos de Claudia Sheinbaum en México y Gustavo Petro en Colombia, contando además con la supuesta asesoría operativa de sectores en Estados Unidos y apoyo financiero de figuras internacionales como el presidente argentino, Javier Milei. 

Para Valeria Duarte Galleguillos, politóloga e investigadora experta en geopolítica e integración regional, estas operaciones representan una actualización de los mecanismos de intromisión. «Están jugando mucho con el sentido común de la población, a través de redes sociales, medios de comunicación, sobre todo en una coyuntura donde la inteligencia artificial juega mucho con la credibilidad». Duarte subraya que la deslegitimación de líderes políticos basada en noticias falsas es hoy una característica fundamental del lawfare.

in embargo, la investigadora boliviana advierte que estas nuevas tecnologías no reemplazan a la violencia tradicional, sino que «coadyuvan a la represión física y en realidad pueden ser los justificativos o los antecedentes para que ocurra esta represión». 

«Yo considero que el Hondurasgate, como el manual del Plan Cóndor 2.0, justamente revela los pilares esenciales que usa el imperio para entrometerse dentro de los países y así penetrar las lógicas de dominación», sostiene Duarte. 

Los audios también destapan los intereses corporativos detrás de las maniobras políticas. Duarte explica que el pago de indultos por parte de lobbys económicos busca establecer «monedas de cambio para posicionar a presidentes internos a cambio de zonas económicas» y concesiones para megaproyectos, como el tren interoceánico en Honduras. 

«En el caso de Hondurasgate solo se está evidenciando un modus operandi que normalmente reconocemos después de 50 años, cuando la CIA desclasifica sus archivos», sentencia la politóloga. «En este momento lo estamos viendo en tiempo real». 

El impacto de esta revelación amenaza con fragmentar aún más la confianza diplomática en la región. Ante este panorama, Duarte enfatizó que América Latina necesita con urgencia «mecanismos de seguridad y soberanía comunicacional» frente a los monopolios tecnológicos que controlan la información. Para la analista, ceder el control de las telecomunicaciones o la seguridad estatal a infraestructuras extranjeras «es como ceder parte de la soberanía del país a una empresa transnacional». 

Aunque Duarte califica estas operaciones como un «Plan Cóndor 2.0», María Elena Bello Merino, investigadora de la Universidad Autónoma de Chile y asesora legislativa, matiza esta comparación al distinguir entre la intervención clásica y las estrategias contemporáneas. Para Bello, el Plan Cóndor original operó bajo lógicas estatales, jerárquicas y clandestinas basadas en la violencia física sistemática, lo que en ciencia política se conoce como hard power o poder duro. En contraste, las revelaciones del Hondurasgate apuntan a una intervención indirecta anclada en el soft power (poder blando) y el poder híbrido. 

El concepto de poder blando, desarrollado por el académico Joseph S. Nye Jr., se define como «la habilidad de obtener lo que quieres a través de la atracción antes que a través de la coerción o de las recompensas». En esta línea, Bello explica que las injerencias actuales operan mediante vías más difusas, utilizando el financiamiento, la presión diplomática, el tráfico de datos y las operaciones de información para influir sin aparecer explícitamente como agresores. 

Al aterrizar este escenario en el contexto nacional, Bello advierte que América Latina sigue siendo un tablero de disputa estratégica, fuertemente tensionado hoy por la competencia entre superpotencias como Estados Unidos y China. Si bien el Estado chileno cuenta con una institucionalidad fuerte, su principal vulnerabilidad no proviene de sus estructuras oficiales, sino de un «ecosistema político mediático que está profundamente polarizado» desde 2019. Esta alta fragmentación interna, sumada al atractivo geopolítico que generan recursos clave como el litio y el hidrógeno verde, crea un terreno que «puede ser profundamente instrumentalizado por mecanismos» externos de desinformación e influencia indirecta. 

Para blindar al país frente a estas amenazas subterráneas, la académica propone fortalecer tres áreas críticas e interconectadas. Aunque reconoce que Chile ha logrado avances sustanciales en la transparencia y rendición de cuentas del financiamiento político, alerta que el país está «muy por debajo» en materia de ciberseguridad y monitoreo de la desinformación. A diferencia de naciones como Estonia o Finlandia, que invierten fuertemente en sistemas de alerta temprana y políticas de información ciudadana verificable, Chile aún concibe la defensa bajo el paradigma tradicional. «Hoy día vemos que hay líneas estratégicas de desestabilización que no necesitan colocar un soldado en un territorio», advierte Bello, haciendo un llamado de urgencia al Estado y a las universidades para modernizar el debate sobre la seguridad nacional digital. 

La gravedad del caso ya ha generado ecos en las más altas esferas gubernamentales. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha denunciado públicamente la existencia de redes de desinformación impulsadas por la derecha internacional. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó de manera directa apuntando a la presunta participación internacional, cuestionando abiertamente en sus redes sociales qué razones tendría el gobierno de Netanyahu para financiar la liberación de un narcotraficante con el único fin de destruir a los gobiernos de México y Colombia. 

Sea una operación de inteligencia plenamente operativa o el reflejo de una guerra mediática potenciada por nuevas tecnologías, el Hondurasgate deja una advertencia clara: la disputa por la soberanía latinoamericana ya no solo se libra en el territorio físico, sino en los servidores, los algoritmos y la desinformación masiva.