¿EL FIN DE LAS LLAMADAS FANTASMA?
EL RECURSO DEL SERNAC QUE BUSCA FRENAR EL ENGAÑO DE LOS PREFIJOS TELEFÓNICOS
Por Antonella Donoso
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), envió un oficio formal a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, luego de descubrir que importantes empresas estarían modificando u ocultando los códigos obligatorios “809” y “600”. Con esta acción fiscalizadora se pretende aclarar y sancionar una supuesta estrategia corporativa que consiste en bloquear o manipular la numeración especial para ocultar llamadas de cobranzas o spams publicitarios, imposibilitando que los chilenos conozcan de forma transparente quién los contacta. El hecho abre un profundo debate sobre la privacidad, la función de los call centers internacionales y la eficacia de la fiscalización digital en el país.
Esta industria no es poca cosa, en Chile el negocio de los centros de contacto mueve más de 150 millones de dólares al año y está en manos de grandes corporaciones multinacionales como, (Konecta, Teleperformance, Atento y Majorel). Muchas de estas compañías externalizan sus plataformas al exterior para reducir su coste, lo que dificulta la localización de las llamadas entrantes. La molestia es universal, esperas una llamada importante en tu celular y suena una grabación comercial agresiva. Para poner orden en este caos, en agosto de 2025 comenzó a regir en Chile una normativa que obliga a las empresas a identificarse con el prefijo 809 para publicidad sin relación previa, y el 600 para empresas con vínculo comercial vigente.
La ley pretendía dar toda la transparencia, pero la investigación del Sernac revela un escenario que da que preocuparse: supuestos bloqueos automáticos del prefijo 809 por parte de las operadoras y una dura manipulación de códigos. Al alterar estos prefijos las compañías vulneran los sistemas de bloqueo de los usuarios y atentan contra la libre competencia, obligando con el engaño al cliente a responder. La investigación de los organismos no sólo se convirtió en un problema técnico aislado, sino que puso al descubierto una verdadera guerra comercial en el mercado de la telefonía móvil.
Desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), confirmaron el origen de las pericias: “El oficio de Sernac se refiere a una denuncia presentada por Claro contra Wom respecto al uso de los prefijos 809 y 600, situación que ya estaba siendo fiscalizada por Subtel. Este proceso forma parte de nuestras labores habituales y, además, se enmarca en nuestra agenda de analizar estos antecedentes, verificar el cumplimiento de la normativa y mejorar su aplicación». Afirma la vocería de Subtel. Los usuarios aseguran que las herramientas actuales de bloqueo son nulas frente al ingenio de las corporaciones. El día a día de los ciudadanos sigue siendo hostigado por la invasión continua a su tranquilidad.
El análisis de expertos: El enfoque desde otra mirada
Para entender la dimensión legal y técnica de este tema, Mailyn Calderón, directora del Magíster en Gestión TI y Telecomunicaciones de la Universidad Andrés Bello (UNAB), explica la gravedad de la situación: “Si realmente algunas compañías están bloqueando automáticamente el prefijo 809, estarían limitando la libre elección de las personas y también la competencia de las empresas. El consumidor es quien debe decidir qué llamadas recibe y no estar limitado por configuraciones que en muchos casos desconoce”.
La experta de la UNAB añade, respecto al debate legislativo en el Senado que busca restringir las actividades de los centros de llamados que se encuentran fuera de las fronteras locales:“Constituye una discusión válida desde la seguridad de datos y la fiscalización, si esos servicios están fuera del país es más difícil controlar el cumplimiento de la normativa. Pero más que el lugar físico en donde se hace la llamada, lo central debería ser asegurar transparencia, trazabilidad y cumplimiento efectivo de las normas de protección al consumidor, que es algo que debiera resguardar la Subtel”.
Una vez que se emita este oficio, la Subtel deberá hacer una compleja auditoría técnica. La institución tendrá que comprobar si las empresas operadoras están cambiando la ruta de las llamadas o permitiendo que se falsifiquen los prefijos en las pantallas de los usuarios. Si es comprobado, las empresas afectadas podrían tener que hacer frente a multas millonarias. Conforme avanza la investigación, queda claro que el verdadero desafío tecnológico no radica en ubicar un operador o servidor, sino en el compromiso regulatorio para asegurar la transparencia digital en beneficio del ciudadano.
