Entre el «alivio» y la realidad: la brecha de $565 mil que separa el nuevo bono estatal del costo real de criar un hijo en Chile.
Por: Andrés Orozco.
Imagen extraída de: Tá focando
Tras el anuncio del presidente José Antonio Kast de otorgar un subsidio mensual por hijo, el Ejecutivo defiende la urgencia de la medida frente a la pobreza infantil. Sin embargo, el contraste con las cifras oficiales devela su alcance limitado: mientras el Estado calcula el costo de crianza en casi 600 mil pesos, madres trabajadoras advierten que el beneficio apenas cubre colaciones escolares para 10 días y omite el profundo desgaste emocional que asumen los cuidadores.
En su reciente Cuenta Pública, uno de los anuncios que mayor debate generó fue la propuesta del presidente José Antonio Kast de entregar una ayuda económica de $30.000 mensuales por hijo. Desde el Ejecutivo defienden la medida como un paso necesario frente a la urgencia social, aunque condicionado por la estrechez fiscal.
La ministra de Desarrollo Social y Familia de Chile, Maria Jesús Wulf detalló que el beneficio ingresará como proyecto de ley en los próximos días, será de pago automático y no requerirá postulación para quienes pertenezcan al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares. «Sabemos que hoy en día el costo de vida para la familia es un tema muy importante. Es increíble que en nuestro país uno de cada cuatro niños esté bajo la línea de la pobreza», argumentó la secretaria de Estado. La autoridad sinceró que se trata de un apoyo «acotado» a la espera de ordenar las cuentas fiscales, pero destacó su enfoque de género: «Va en la dirección correcta, porque hoy en día el 70% de la mayoría que va a recibir este bono son de hogares monoparentales, es decir, muchas mujeres que están criando solas», subrayó.
No obstante, esta iniciativa choca abruptamente al ser contrastada con la evidencia estadística del propio Estado y con la realidad diaria que enfrentan las familias chilenas. De acuerdo con el estudio sobre el costo de la «Canasta de Crianza», publicado en 2025 por el Ministerio de la Mujer y Unicef, mantener a un menor en Chile cuesta, en promedio, $595.000 mensuales.
El informe detalla que $383.267 corresponden a gastos directos en bienes y servicios, mientras que los $211.616 restantes equivalen al valor del tiempo no remunerado que los cuidadores destinan a la atención de los menores. Bajo este prisma, la ayuda de 30 mil pesos anunciada por el Gobierno alcanza a cubrir apenas un 5% del costo mensual total.
Esta marcada diferencia abre interrogantes técnicas sobre el diseño y la eficiencia de la política fiscal. Ana María Núñez Torres, directora de la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad Bernardo O’Higgins, explica que: «lo positivo de la entrega del bono es que ofrece liquidez inmediata para que las familias asignen recursos según sus necesidades». Sin embargo, la académica precisa que las intervenciones estructurales ofrecen ventajas sustantivas frente a los aportes en efectivo directos. Ante esto, Núñez enfatiza que: «lo adecuado y más efectivo sería complementar estas ayudas con inversiones en servicios de cuidado y educación inicial, ya que generan retornos de largo plazo».
La pertinencia del subsidio también es evaluada desde la economía laboral, particularmente respecto a la brecha de género por el trabajo de cuidados no remunerado. La ingeniera comercial es categórica en señalar que, bajo esta magnitud, la transferencia estatal «no mitiga la pérdida de ingresos». Por ello, concluye que para compensar realmente los costos «se requieren políticas más integrales y permanentes» que promuevan la corresponsabilidad entre familias, empresas y Estado.
Para aterrizar esta realidad al presupuesto de los hogares, el testimonio de Aurymar Cohen, ciudadana venezolana con residencia definitiva en Chile y madre trabajadora, resulta decidor. Al proyectar en qué se traduciría el monto, su cálculo es preciso: «Podría usarlo en comprar colación para dos semanas de colegio, o sea, 10 días».
Incluso frente a la abultada cifra oficial de $595.000, Cohen advierte que los números gubernamentales se quedan cortos en la práctica por ítems no considerados, como la recreación o los imprevistos de salud. «Vivir una hospitalización o un accidente grave no solo es duro económicamente, el verdadero costo es el desgaste personal y la energía que se agota; eso es algo que ninguna cifra logra reflejar», señala.
Ese desgaste personal es, precisamente, el ítem más invisible en el diseño de las políticas públicas actuales. Los más de 200 mil pesos en «tiempo no remunerado» que calcula Unicef se traducen en una carga que asumen mayoritariamente las mujeres. «Intento equilibrar el trabajo con la crianza con un costo muy alto; siento que el trabajo me está robando un tiempo de familia que es irrecuperable», confiesa la trabajadora.
Frente a un escenario donde el costo de la vida y la presión laboral se entrelazan, Cohen es categórica al evaluar la política presidencial: «Sinceramente, más que una ayuda, lo percibo como una burla. Es apenas un ‘analgésico’ para una situación crítica». Para la madre, se requiere mucho más que un monto simbólico de 30 mil pesos; el país necesita un respaldo que facilite y valore el tiempo y la salud real de los niños y sus cuidadores.
