Incertidumbre estudiantil: El programa de alimentación de la JUNAEB en riesgo ante posibles recortes
La comunidad educativa está en alerta ante posibles ajustes presupuestarios que amenazan la continuidad de las raciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la JUNAEB.
Fuente: ministerio de educación
Por: Rodolfo Sanchez
La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas enfrenta un escenario complejo durante el primer semestre de 2026 debido a un instructivo del Ministerio de Hacienda que sugiere una revisión profunda del gasto público para contener el déficit fiscal. Aunque las autoridades han descartado un recorte inmediato, la recomendación técnica de ajustar programas sociales ha generado preocupación en las comunidades educativas.
Sobre esta situación, Alejandrina Agurto, dirigente de la Federación Nacional de Manipuladoras de Alimentos (FENAMA), señaló que “el gremio se encuentra movilizado para manifestar su descontento ante la amenaza de discontinuidad de un beneficio que consideran un apoyo fundamental para las familias de Chile. La dirigente fundamentó su postura citando la existencia del «Oficio 16», un documento que, según denuncia, proyectaría la interrupción del programa y de otros beneficios sociales”.
El PAE beneficia diariamente a más de 1,8 millones de estudiantes en el país. De acuerdo con informes de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el gasto en esta iniciativa ha experimentado un incremento del 60% en la última década. No obstante, este crecimiento coexiste con un sistema de multas impagas por parte de las empresas concesionarias que asciende a los $200 mil millones de pesos chilenos (CLP), situación que genera una fuerte presión financiera sobre la gestión del servicio.
Una eventual disminución en la cobertura o en la calidad de la alimentación golpearía directamente el rendimiento académico y la permanencia escolar. Según diversos estudios sobre nutrición y educación, la inseguridad alimentaria se posiciona como uno de los principales predictores de la deserción en contextos vulnerables.
Para los directivos escolares, el impacto trasciende lo nutricional. Vicente Orellana, representante de los docentes del Liceo Arturo Pérez Canto, advierte sobre las consecuencias de esta medida: «Cuando tú le tocas la alimentación a un hijo, le estás diciendo a ese padre o madre que su bienestar no es una prioridad. El PAE es la base de la equidad; si un niño tiene hambre, no puede aprender, y la brecha de desigualdad se vuelve insalvable».
En cuanto a la eficiencia operativa, el Ministerio de Hacienda ha señalado la necesidad de optimizar recursos ante una «estrechez fiscal» proyectada hasta 2031. Ante esto, se identifican tres áreas críticas de impacto: la posible disminución de la calidad nutricional que elevaría los índices de malnutrición, la reducción de la dotación de personal de manipuladoras y la necesidad urgente de gestionar la recuperación de multas adeudadas por las concesionarias como alternativa de financiamiento.
El debate se sitúa hoy en una etapa preliminar de cara a la próxima Ley de Presupuestos. Mientras el Ejecutivo reitera que la alimentación escolar es prioritaria, la incertidumbre persiste entre apoderados que advierten que la comida escolar «es el único refugio frente a la crisis del costo de la vida». La resolución de esta tensión será clave para la estabilidad del sistema escolar y la cohesión social del país.
