Ley de Eficiencia Energética en riesgo: Advierten que «señales de reducción presupuestaria generan preocupación»
La normativa tiene como objetivo reducir el consumo energético, bajar costos y disminuir emisiones contaminantes. Sin embargo, su proceso de actualización podría enfrentar dificultades con el cambio de prioridades del gobierno de José Antonio Kast.
Imagen: Gemini
Por: Jesús Primera
La Ley de Eficiencia Energética se ha consolidado como una de las principales políticas públicas de Chile para modernizar el uso de la energía y enfrentar la crisis climática. Promulgada en 2021, la normativa establece obligaciones para grandes consumidores, estándares para vehículos y nuevas exigencias para edificaciones, con el fin de optimizar recursos y reducir la intensidad energética del país.
Entre sus principales beneficios se encuentra la disminución de costos operacionales en empresas e industrias, una mayor seguridad del sistema eléctrico y una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. También impulsa la incorporación de nuevas tecnologías, mejores procesos productivos y viviendas con mayor eficiencia térmica.
Uno de los sectores donde la ley adquiere mayor relevancia es la minería, debido a su alto consumo energético. En paralelo, el transporte público ha mostrado avances importantes mediante la incorporación de buses eléctricos en Santiago, posicionando al país como referente regional en electromovilidad.
Durante 2026 corresponde iniciar la actualización del plan asociado a la normativa, proceso que contempla revisar metas de reducción de consumo, mejorar sistemas de reporte y ajustar estándares técnicos en distintas áreas productivas.
Desde Empresas Eléctricas AG, gremio que agrupa a CGE, Chilquinta, Enel Distribución, Grupo Saesa y Empresa Eléctrica Puente Alto, advierten que el éxito de estas medidas depende también de fortalecer la infraestructura energética. “Las políticas públicas están bien orientadas y alineadas con los objetivos de descarbonización, pero enfrentan desafíos en su implementación. Hoy existe una brecha entre la ambición de las metas y las herramientas regulatorias disponibles, especialmente en distribución eléctrica. La eficiencia energética es clave para la transición, pero no basta por sí sola: necesitamos redes modernas, resilientes e inteligentes que permitan que esa eficiencia se traduzca en beneficios reales para las personas”.
En este contexto, el exministro de Energía y Minería, Claudio Huepe, planteó que la disponibilidad de recursos será clave para el avance de la normativa. “La definición de los recursos públicos disponibles para eficiencia energética aún no está cerrada, pero las señales de reducción presupuestaria generan preocupación. Los programas son perfectibles, pero deben ser entendidos como aporte a una inversión, a mejores resultados económicos junto con menos impacto ambiental. Una reducción presupuestaria que no considere el aporte de la eficiencia energética al desarrollo arriesga tener un impacto negativo en los objetivos directos de la transición así como en el desarrollo económico general”, señaló.
No obstante, el nuevo contexto político podría complejizar ese avance. El gobierno de José Antonio Kast ha priorizado temas como seguridad, crecimiento económico y reducción del gasto fiscal, lo que podría traducirse en menor financiamiento para programas energéticos o una menor urgencia regulatoria en materias medioambientales. A ello se suman los recortes aplicados al área de transportes, que han derivado en ajustes impulsados por el ministro Louis de Grange sobre la operación actual del sistema público, incluyendo cambios en la circulación de algunos buses, medidas que podrían alejarse del impulso sostenido a la electromovilidad en Santiago.
Pese a esto, la Ley de Eficiencia Energética continúa siendo una herramienta central para mejorar la competitividad del país, reducir costos y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sustentable e independiente de las energías fósiles.
