Ajuste en salud agrava presión sobre hospitales y accesos a tratamientos

Sin reemplazos para quien se jubila y con proyectos hospitalarios frenados, el ajuste del 3% convierte el déficit en crisis.

Por: Ángel Álvarez

Minsal 2023

Para millones de chilenos, el recorte presupuestario del 3% en salud no es solo una cifra, sino una situación que se refleja en la dificultad para acceder a medicamentos o la postergación de cirugías. Los hospitales públicos, que ya operaban al límite, enfrentan una mayor presión, mientras crece la advertencia de posibles movilizaciones. En este contexto, el 80% de la población que depende del sistema estatal observa con preocupación el deterioro de la atención.

Este recorte forma parte de una de las primeras medidas anunciadas por el Gobierno de Kast: un ajuste del 3% en todos los ministerios, con el fin de equilibrar las cuentas fiscales en un contexto de presiones económicas. La decisión, presentada como esencial para la sostenibilidad presupuestaria, ha generado críticas inmediatas desde el sector salud, que ya operaba con déficits estructurales.

En la práctica, las restricciones fiscales impiden contratar reemplazos para el personal que se jubila. Esto genera una sobrecarga laboral en equipos ya exigidos y afecta la capacidad de respuesta del sistema. Centros de alta demanda, como el Hospital San José, presentan niveles críticos de funcionamiento, mientras los proyectos de infraestructura hospitalaria permanecen paralizados. Sin personal suficiente, la promesa de una atención digna se vuelve «imposible», dejando a los chilenos sin la oportunidad de recibir fármacos o tratamientos a tiempo.

Ruth Muñoz, trabajadora social del instituto psiquiátrico Jose Horwitz, advierte sobre el impacto de la medida: “La reducción en salud es una pésima señal, ya veníamos con déficit. Imagínate ahora, va a ser crítico… Yo creo que ya de aquí a unos meses más, un año, va a ser bastante crítico también lo es que es la atención”.

Para Rut Muñoz, la crisis de salud se traduce en una oficina cada vez más solitaria y una carga de trabajo que no deja de crecer. Como profesional del sistema público, Muñoz es testigo de cómo las restricciones fiscales han bloqueado el reemplazo de personal, una medida que amenaza con eliminar cargos esenciales de forma permanente; ella explica que, bajo las reglas actuales, si decidiera jubilarse hoy, su plaza de trabajadora social simplemente se cerraría.

 Esta política obliga a sus colegas a absorber sus funciones bajo una sobrecarga laboral que pone en jaque la calidad del servicio y la posibilidad de brindar una atención oportuna a los usuarios. Esta falta de «mano de obra» profesional hace que cumplir con los plazos legales de atención sea una meta «imposible», golpeando con especial dureza al área de salud mental, donde el presupuesto es aún más mezquino al no ser considerado históricamente una prioridad institucional.

El impacto también alcanza a los pacientes del  Acceso Universal con Garantías Explícitas (AUGE) y de las Garantías Explícitas en Salud (GES), cuyos plazos de atención se ven comprometidos por la falta de especialistas. En la salud mental, el escenario es aún más complejo. En centros como los Centros de Salud Mental Comunitaria. (COSAM), los recortes afectan la continuidad de la atención en un área históricamente tensionada.

Desde una perspectiva de derechos, Julieta Martínez, fundadora de Tremendas, un movimiento y fundación juvenil chilena, advierte que este tipo de crisis no impacta de forma uniforme. “Las mujeres, niñas y adolescentes cargan con el cuidado no remunerado, pierden acceso a salud sexual y reproductiva, y su salud mental se deteriora primero”, advierte.

Además, menciona que “escuchar reducción en el sistema de salud, de presupuesto de salud asusta, ¿no? Es peligroso. Y creo que también es clave recordar que es contraintuitivo. […] Bajar un 3% en hospitales, bajar un 3% en consultorio, en atención primaria, es terrible; son las áreas que en este momento más apoyo y más presupuesto necesitan”.

Mientras el Gobierno defiende el ajuste como parte de una estrategia fiscal, gremios advierten que, sin cambios, el sistema podría enfrentar un deterioro progresivo en su capacidad de atención. El debate sigue abierto, en un contexto marcado por la tensión entre restricciones presupuestarias y demandas crecientes en salud pública.