Fin a Punta Peuco como penal especial: el giro que incomoda a la derecha
Por: María Fernanda Barría
En su última Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric anunció una medida que remece uno de los símbolos más tensos de la transición democrática: la transformación de Punta Peuco, penal donde cumplen condena ex uniformados sentenciados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Según el mandatario, este recinto dejará de tener un trato penitenciario “especial” y pasará a ser una cárcel común, como parte del principio de igualdad ante la ley.
Desde su inauguración en 1995, Punta Peuco ha sido señalado por mantener condiciones carcelarias superiores al promedio del sistema penitenciario chileno, celdas individuales, espacios comunes controlados, acceso regular a atención médica y una baja densidad poblacional. Todo esto en un contexto donde gran parte de las cárceles del país sufren hacinamiento, falta de personal y violaciones constantes a los derechos básicos de los reos.
El anuncio, que no implica un cierre del penal pero sí una modificación en su estatus jurídico y operativo, fue recibido con entusiasmo por organizaciones de derechos humanos y con duras críticas por parte de sectores de la oposición.
Para la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, la medida representa un acto de justicia pendiente en el marco de la transición chilena. A su juicio, el trato diferenciado que ha tenido Punta Peuco desde su creación es algo que debe corregirse. “El decreto que crea Punta Peuco lo establece como un centro penitenciario especial. En cuanto se cambien las razones de Gendarmería, y sea Gendarmería la que decida qué tipo de presos va a incorporar, me parece que efectivamente se cumple con la igualdad ante la ley”, indicó en conversación con El Narrador.
Vodanovic también apuntó al trasfondo político del anuncio: “Todo preso en Chile tiene el deber de ser custodiado por Gendarmería en condiciones de seguridad, y condiciones
mínimas. Lamentablemente, nuestro país tiene muy malas condiciones penitenciarias. Pero evidentemente aquí hay un sentido político detrás: que no haya presos de primera y segunda categoría”, afirmó, en referencia a las condiciones privilegiadas que han caracterizado históricamente al penal.
“Esto en la derecha lo han llamado revanchismo, pero no lo es. Se trata de garantizar igualdad ante la ley. Si hay personas mayores o enfermas que no pueden estar en penales comunes, podrán ser trasladadas a Punta Peuco, porque ese recinto ya está condicionado principalmente para personas de la tercera edad”, afirmó la senadora.
Desde la oposición, el precandidato presidencial Franco Parisi cuestionó la medida, destacando los altos costos que implica el sistema carcelario para el Estado. “¿Quién ha dicho que la igualdad ante la ley existe en Chile? Nunca ha existido. Yo creo que tenemos que conversar de verdad qué pasa con los ancianos que están sobre los 75 años y con enfermedades, siempre y cuando ellos reconozcan que cometieron errores”, señaló también en diálogo con El Narrador.
Parisi insistió en que el debate sobre los privilegios debe ir acompañado de una discusión económica y operativa sobre el sistema penitenciario: “Yo no voy a estar dispuesto a pagar un millón de pesos por reo en Chile, eso nos cuesta. Nosotros, si somos el próximo gobierno, les vamos a cobrar a los reos, de la misma forma en que se le cobra a los chilenos a través de las contribuciones. Cada reo le va a tener que pagar a la sociedad chilena un millón de pesos. Si quieren privilegios, que se los paguen”, sentenció.
Esta semana, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió públicamente al cambio en el estatus de Punta Peuco y sostuvo que las razones del gobierno actual son comparables a las que motivaron el cierre del penal Cordillera durante el primer mandato de Sebastián Piñera en 2013. Además, señaló que Punta Peuco podrá seguir siendo utilizado para internos de baja o mediana peligrosidad, especialmente adultos mayores, y que el recinto ya cuenta con condiciones que permiten su futura ampliación.
De este modo, el Ejecutivo busca no solo cerrar un capítulo simbólicamente asociado a los privilegios carcelarios de condenados por violaciones a los derechos humanos, sino también enfrentar con medidas concretas una crisis penitenciaria marcada por el hacinamiento y la sobrepoblación. Según un informe del centro de estudios Libertad y Desarrollo, de no ampliarse la infraestructura, el hacinamiento podría llegar al 168% en 2030.
