Instinto de defensa: ¿Hasta dónde puede llegar una víctima ante un asalto?
Por Catalina Gatica.
Enfrentarse a un asalto es una de las situaciones más angustiantes y peligrosas a las que puede verse expuesta una persona. La reacción ante una amenaza directa, especialmente cuando se trata de un hecho violento, suele surgir desde el instinto: huir, resistirse, defenderse. Sin embargo, aunque muchas de estas respuestas pueden parecer lógicas o incluso justificables desde el sentido común, en una sociedad regida por normas y leyes, no todo lo que «parece justo» está necesariamente permitido.
En Chile, como en muchos países, el ordenamiento jurídico busca equilibrar la defensa personal con el respeto por la legalidad y la proporcionalidad del uso de la fuerza. Por ello, entender cuáles son los límites legales ante un asalto es crucial tanto para víctimas como para testigos. Actuar fuera de esos márgenes puede, en algunos casos, derivar en responsabilidades penales incluso para quienes estaban intentando protegerse o proteger a otros.
Legítima defensa: lo que dice la ley
El artículo 10 del Código Penal chileno establece que una persona tiene derecho a defenderse cuando es víctima de una agresión ilegítima, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Lo más importante es que la reacción sea proporcional y necesaria, es decir, que la víctima actúe como respuesta directa a un ataque real, y que la defensa no exceda el nivel de violencia recibido.
Por ejemplo, si alguien recibe un empujón o intento de arrebato, y responde con una agresión que pone en riesgo la vida del atacante, puede no estar cubierto por el principio de legítima defensa. La ley no permite actuar por sospechas, ni anticiparse con violencia a lo que se presume será un ataque. Tampoco valida el uso desmedido de fuerza si la agresión inicial ya ha cesado o si el peligro ya fue neutralizado.
En ese sentido, el derecho a defenderse no es absoluto, sino condicionado por la naturaleza de la agresión, la inmediatez de la respuesta y la proporcionalidad de la acción.
Según el abogado Diego Saavedra, de la Universidad de Chile, la legítima defensa está definida como el derecho que tiene una persona a repeler una agresión ilegítima, actual o inminente, utilizando medios necesarios y racionales para repelerla. Esta facultad no se limita a la defensa propia, sino que también se extiende a la protección de familiares cercanos o incluso de terceros. “Lo fundamental” enfatiza “es la existencia de una agresión ilegítima”.
El margen de maniobra permitido
Aunque lo ideal es evitar cualquier enfrentamiento físico, en muchas ocasiones eso no es posible. En esos casos, la víctima tiene permitido repeler el ataque usando la misma proporción de fuerza que emplea el agresor. Si el asaltante golpea, se puede responder con golpes; si amenaza con un arma, el contexto cambia y las opciones legales se restringen o amplían dependiendo del peligro real.
Además, las personas pueden ,y deben, utilizar todas las herramientas disponibles para protegerse sin recurrir a la violencia. Esto incluye pedir ayuda a viva voz, llamar a Carabineros al 133 o a la PDI al 134, o incluso grabar lo sucedido si se considera que no hay forma segura de intervenir físicamente.
Y si no eres la víctima directa, pero presencias un delito, también existe un marco legal que te permite actuar.
El principio de proporcionalidad es clave en la legítima defensa. Así lo explica el abogado Juan Pablo Sanhueza, quien subraya que la reacción frente a una agresión no puede exceder el nivel de la amenaza. “Si alguien me va atacar con el puño, yo no puedo responderle con un balazo en la cabeza, si alguien me va atacar con un palo yo no puedo responderle con una bazuca”, señala. En ese sentido, la ley exige que haya un equilibrio entre el daño que se intenta evitar y los medios que se utilizan para impedirlo.
¿Puedo intervenir si veo a alguien en peligro?
La ley chilena permite que un tercero intervenga para proteger a una persona que está siendo víctima de un delito, siempre bajo las mismas condiciones de proporcionalidad y necesidad. Es decir, se puede intervenir para impedir una agresión o para separar a las partes, pero nunca con la intención de tomar justicia por mano propia o de vengar un hecho ya consumado.
Una vez que un tercero decide intervenir, se le aplican los mismos criterios que a la víctima directa: su acción debe ser justificada por el contexto, limitada al uso necesario de la fuerza, y orientada a neutralizar el peligro, no a castigar al agresor.
Lo que NO se puede hacer: límites y advertencias
Uno de los puntos más importantes que suelen generar confusión es el uso de armas. En Chile, el porte y uso de armas de fuego está estrictamente regulado, y sólo puede ser realizado por personas que hayan cumplido con todos los requisitos legales: exámenes psicológicos, acreditación en manejo y seguridad, inscripción del arma y un historial penal limpio. El uso de pistolas eléctricas tipo Taser, gas pimienta, o armas blancas también está restringido, y su tenencia puede considerarse ilegal si no se cuenta con el permiso correspondiente.
Usar un arma sin autorización ,aunque sea en defensa personal, puede conllevar sanciones severas, incluyendo la cárcel. Lo mismo ocurre con cualquier acto considerado desproporcionado frente a la amenaza sufrida.
¿Qué hacer entonces ante un asalto?
La primera recomendación de expertos en seguridad es preservar la vida por sobre todas las cosas. No arriesgarse innecesariamente y evitar enfrentamientos, a menos que no exista otra salida. Si se decide actuar, debe hacerse con conocimiento de causa, sabiendo qué está permitido y qué no bajo el marco legal.
Luego del hecho, es fundamental realizar la denuncia lo antes posible, entregando todos los antecedentes posibles, incluidos registros audiovisuales si los hay. Esto no sólo mejora las posibilidades de encontrar al responsable, sino que también respalda legalmente cualquier reacción que la víctima haya tenido.
¿Por qué importa saber esto?
Porque muchas personas creen que tienen “derecho” a responder como quieran ante un asalto. Pero no es así. El sistema legal busca proteger a las víctimas, sí, pero dentro de los márgenes del uso racional de la fuerza. Salirse de esos márgenes puede revertir la situación y convertir a la víctima en victimario ante los ojos de la ley.
Además, en un contexto como el actual, donde los niveles de delincuencia y violencia generan creciente preocupación, es más necesario que nunca comprender cómo actuar dentro del marco legal.
Según datos entregados por un estudio de CORPA Estudio de Mercado y citados por Biobiochile.cl el pasado 13 de marzo, durante enero y febrero de 2025 los delitos registrados en la Región Metropolitana se mantuvieron en niveles altos. Pese a la implementación del plan gubernamental Calles Sin Violencia, no se han visto mejoras significativas, lo que refuerza el sentimiento de vulnerabilidad de la ciudadanía.
En este escenario, conocer el margen legal de defensa no sólo es un tema jurídico, sino también una herramienta de autoprotección ciudadana. Saber hasta dónde se puede actuar, qué hacer y qué evitar puede marcar la diferencia entre protegerse legítimamente . . . o enfrentarse a consecuencias inesperadas.
